Presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante
La existencia de una profesión se justifica por su capacidad para satisfacer, de forma idónea y especializada, necesidades individuales y
colectivas. Dicho de otro modo: “La necesidad crea el órgano”. En nuestro caso, ya anticipo que, mientras existan Administraciones Públicas, relaciones administrativas y procedimientos administrativos, obligaciones que cumplir y derechos que exigir por parte de ciudadanos, entidades y empresas, existirá una actividad profesional necesaria, específica y diferenciada, como es la de Gestoría Administrativa.
Bien es cierto que, por su propia naturaleza, por el grado de desarrollo
económico y social alcanzado, por los marcos normativos internacionales
establecidos (en el seno de la UE o de la OCDE, por ejemplo) y por los
avances tecnológicos experimentados, en continua transformación y progreso, la forma en la que se prestan los servicios propios de nuestra actividad está sometida a un obligado proceso de cambio permanente, de adaptación continua. Pero eso, que en otros ámbitos pudiera tomarse como una amenaza real, como un serio riesgo profesional, debe considerarse -y nuestras largas experiencias histórica e institucional así lo acreditan- como una auténtica ventaja competitiva en el ámbito de la prestación de servicios, como un elemento diferencial que aporta un inequívoco valor añadido a nuestro trabajo, como una seña de identidad propia y distintiva ligada a nuestra imagen pública, a nuestra dimensión corporativa.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) permiten a
los propios interesados contactar con cualquier organismo y realizar por sí
mismos multitud de tareas, en cualquier momento, en cualquier lugar y desde diversos soportes. Cada vez permitirán más cosas, sin duda. Pero eso no nos hace ni pensar ni temer que la intermediación entre Administraciones y particulares y empresas -y, por tanto, nuestra propia actividad- pueda tener los días contados, por varias razones:
En primer lugar por el elevado número y la particular complejidad de ciertos trámites administrativos y por las repercusiones que su adecuada
gestión, tanto ahora como en el futuro, poseen y poseerán para ciudadanos,
empresas y para las propias Administraciones Públicas.
En segundo lugar, por la flexibilidad y capacidad de adaptación y
respuesta que, como profesión, nos caracteriza.
Y, finalmente -y esto constituye otro elemento diferencial de particular
importancia-, porque nos hemos dotado de una valiosa estructura
institucional –Colegios, Consejos Autonómicos y Consejos General- realmente eficaz, efectiva y eficiente que ha permitido que dispongamos del capital técnico y humano de los servicios centralizados colegiales, auténticos prestadores de servicios de gestión internos. Esta característica resulta esencial: permite a todos y cada uno de los despachos poder asumir cargas de trabajo actuales y futuras, por un lado, y generar nuevos espacios de competencia y actividad futura, por otro. Es, como alguna vez hemos tenido ocasión de señalar, la manifestación de la dimensión activa, reactiva y proactiva que caracteriza nuestra profesión y que garantiza -ante un futuro normativo y procedimental que, a pesar de todos los avances, se presume complejo- su supervivencia.